Abril 14, 2025
Cumplimos 14 años del inicio de nuestra insurrección y pasado este tiempo, muchas cosas han cambiado. Hace 14 años nuestro país era gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN); siendo presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien en 2006 había declarado la guerra contra el narcotráfico, tomando como epicentro nuestro estado. Michoacán era gobernado por el Maestro Leonel Godoy Rangel, emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en repetidas ocasiones nos negó una audiencia, minimizando nuestra legitima lucha.
En ese contexto estatal de violencia, y cooptado por los grupos delincuenciales, desde 2006 nuestra comunidad era víctima de injusticias y de una tala criminal de nuestros bosques. Los talamontes en general eran vecinos de las comunidades cercanas, amparados y comandados por criminales, quienes les otorgaban “los permisos” o daban ordenes de talar nuestros bosques. Así que todo aquel comunero que se oponía o trataba de defender lo nuestro era amenazado, desaparecido o asesinado. En repetidas ocasiones, se enviaron solicitudes de apoyo a las diferentes dependencias gubernamentales sin recibir respuesta. Aunado a ello nuestra comunidad vivía una de las divisiones internas más agudas en su historia: la presidencia municipal estaba tomada desde 2008, por ello el presidente municipal despachaba desde la casa de la cultura, a la vez teníamos doble representación de bienes comunales, lo que hacía que no lográramos organizarnos de manera comunitaria.
Varios intentos por detener a los talamontes habían sido fallidos, y es hasta la madrugada del 15 de abril de 2011 que frente a la capilla del Calvario, mujeres, jóvenes y comuneros salen a iniciar sus labores en el campo, deciden hacer frente a los malhechores. Con el repicar de las campanas y acompañados de cohetes, la comunidad se levanta en un grito de “ya basta”, hartos de tantas injusticias y del daño a nuestra madre tierra; al mismo tiempo se desconocen a las autoridades del ayuntamiento y a la policía municipal, retirándoles las armas. Como una forma de autositio y por el temor de que entraran “los malos” a rescatar a los cinco malhechores que se habían detenido en el Calvario, se obstruye el paso vehicular colocando en cada cuadra palos, piedras y demás objetos. Al mismo tiempo se saca “la parangua” a la calle como punto de reunión de los vecinos, y de manera natural se organizan las 189 fogatas (núcleos o células de organización comunal) ubicadas, por lo regular, en cada manzana de la población. Al igual se decide poner “barricadas” en las entradas de nuestro pueblo, y organizados en un rol de guardias por fogatas, se cubre de manera permanente dicha vigilancia.
Para afrontar dicha adversidad volteamos la mirada a nuestras raíces como pueblo originario, por lo que se decide organizarnos y nombrar por barrios una coordinación general de movimiento, y posteriormente otras comisiones, así como la conformación de la ronda comunitaria. Todo lo anterior representaría el antecedente a la organización de lo que en fechas posteriores se convertiría en la estructura de gobierno comunal.
Recordamos que el primer llamado que hace el gobierno a la comunidad a través de la coordinación general fue por intermediación del padre Francisco Martínez en la comunidad de Nahuatzen, quien nos ofrece sus espacios para concretar dicha reunión. La cita era a las 10:00 pm., algunos no teníamos cómo trasladarnos. Un compañero (Domingo T. en paz descanse) ofrece su automóvil, al acercarnos al lindero entre las dos comunidades, el automóvil empieza a presentar fallas mecánicas, pronto dicho compañero se da cuenta del temor con el que íbamos y para darnos confianza nos dice “no tengan miedo traje algo para defendernos (un arma que con por su aspecto pareciera que no funcionaría y además tal vez no serviría de mucho en caso de que decidieran atacarnos)”.
Llegamos al curato de la parroquia, en la calle frente a dicho espacio hay patrullas y camionetas que eran del gobierno y de las corporaciones policiacas; el padre sale a recibirnos y nos recomienda por seguridad no quitarnos el paliacate. Cuando entramos ya está habilitado un espacio con unas mesas en las que está la gente esperándonos para escuchar nuestras demandas, a ello solicitamos que se presentaran y nos dijeran el cargo que ocupaban. Para nuestra sorpresa son funcionarios que no tenían ninguna capacidad resolutiva, es por ello que les manifestamos nuestra decisión de no dialogar con dichos funcionarios y procedimos a levantamos de la mesa sin escucharlos.
A los días siguientes, seguimos con nuestra organización y con la cobertura de medios de comunicación alternativos, colectivos y la cobertura del Doctor Ignacio Martínez. Poco a poco, la sociedad civil se encargó de dar apoyo, visibilidad y legitimidad a nuestras demandas. Con la fortaleza social que se tenía después de una semana, decidimos salir a la ciudad de Morelia con una marcha motorizada para exigir atención con el gobernador del estado. La sorpresa fue que aunque el compromiso era concretar una audiencia con el ejecutivo estatal, este decide salir de gira política y prefiere ir a entregar una obras en la ciudad de Lázaro Cárdenas, volviéndose este en uno de los días más duros en nuestro movimiento, pues mientras nosotros en la capital del estado exigíamos la presencia del gobernador, en nuestra comunidad al día siguiente eran emboscados tres comuneros en las faldas del cerro de San Miguel.
Cada día que pasaba, nuestra lucha se fortalecía, y ante dichas circunstancias se decide caminar por el proceso de autonomía o libre determinación, derecho establecido en nuestra Carta Magna, emprendiendo una lucha política-comunitaria, acompañada de una lucha jurídico-indígena, esta última guiada por el Colectivo Emancipaciones. Hasta el 2011, nuestro estado era una de las entidades federativas con una legislación en derechos de los pueblos indígenas más retrógrada. El 2011 era un año electoral y a diferencia de las notas de años posteriores, algunos medios de comunicación oficialistas calificaban a Cherán como ese “prietito en el arroz” de la fiesta o jornada electoral.
Hoy, a 14 años de aquel 15 de abril de 2011, las condiciones son diferentes, ahora en Michoacán ya son 45 comunidades que ejercen su derecho a la libre determinación o al presupuesto directo como tenencias o submunicipalidades. Ahora las leyes en materia indígena de Michoacán otorgan dicho derecho (al presupuesto directo), evitando llevar a cabo un proceso político-jurídico o un proceso de demanda a la cabecera municipal. Pero tristemente también vemos cómo, en la lucha por el presupuesto directo, pareciera que en algunos casos se pierde de vista que su objetivo central es la defensa de nuestro territorio, de nuestro modo de vida, de la lucha por nuestros derechos, de brindarnos seguridad y de continuar la resistencia a seguir siendo pueblos originarios o nativos. Al mismo tiempo, pareciera que con la participación del gobierno perdemos de vista que, por su naturaleza, un proceso autonómico no debe conducirse desde la estructura del estado, sino que, con el uso contrahegemónico del derecho, debe fortalecer nuestras instituciones, nuestros sistemas normativos de pueblos primeros. Somos testigos, con mucha tristeza, de que aquello que surgiera como alternativa a estos modelos de destrucción, de falsa democracia, de mercantilización de la política y de vida en general, se convierte en algunos casos en la razón de divisiones internas de las comunidades.
Es momento de reflexionar nuestro caminar como comunidades indígenas. Recordemos que años atrás a nivel nacional con Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto (presidentes de la República de 2006 a 2018) los procesos de autonomía eran considerados como obstáculos o problemas que no permitían el desarrollo pleno de nuestra nación, o simplemente no querían reconocerlos, ni visibilizarlos. Pareciera que hoy en día el gobierno federal en turno ha puesto atención en nuestras luchas, y por ello se han modificado leyes en materia indígena a nivel federal; como muestra tenemos la implementación o puesta en marcha del FAISPAIM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social), con la que se otorga por primera vez en la historia los recursos de manera directa a las comunidades, o el arranque del Plan de Justicia para Pueblos Indígenas. Pareciera que dan respuesta a nuestras demandas, sin embargo debemos evitar caer en dichos programas, ya que puedan seguir la lógica paternalista o indigenista de continuidad de la política integracionista o, peor aún, que el gobierno establezca o quiera determinar mediante sus reglas de operación nuestros modos de organizarnos, en los que se siga violentando nuestro derecho a la consulta. Porque es necesario mencionar que para la reforma o la implementación de dichas leyes o políticas públicas a nivel federal no fuimos consultados, o sus formas de consulta (foros) violan nuestros derechos.
De igual manera, aunque con las leyes recién aprobadas en materia indígena se manifiesta el reconocimiento a ser sujetos de derecho público, éste pareciera quedar incompleto, ya que no se reconoce lo referente al derecho al territorio, en su caso sólo se habla de la existencia de comunidades. En lo concerniente a la representación de nuestros pueblos en los espacios de toma de decisiones se ignoran o se ningunean nuestros modos de participación, donde la asamblea es la máxima autoridad. Para la clase política, lo único válido son los procesos electorales por medio de partidos políticos.
A 14 años de la lucha de Cherán hay mucho de qué sentirnos orgullosos como pueblos originarios; pero también mucho en que trabajar. En 2011 Cherán fue el primer municipio que de manera constitucional se rige por usos y costumbres, así como lo fue Pichataro como submunicipalidad en 2016 y las cosas han cambiado mucho. Sin embargo, por las condiciones que prevalecen en nuestro país, nuestra lucha debe seguir siendo por nuestros territorios… por la vida.
“Por la Seguridad la Justicia y la Reconstitución del Territorio”
Cherán K’eri, Michoacán, abril de 2025
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Cherán K’eri. Cherán el grande